Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Representantes de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez se manifestaron este jueves para exigir que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ofrezca una disculpa pública institucional por las omisiones y deficiencias en la supervisión de dicho establecimiento. Los ciudadanos señalaron que el impacto emocional derivado de las irregularidades detectadas en el manejo de restos humanos requiere un reconocimiento explícito de responsabilidad por parte de las autoridades estatales.

El grupo de manifestantes, que ha mantenido una postura constante en los últimos meses, argumenta que la falta de protocolos claros y la insuficiente vigilancia por parte de las instancias de salud estatales permitieron que el crematorio operara fuera de la normativa vigente. Según los afectados, la ausencia de una postura oficial clara ha dificultado el proceso de cierre de este capítulo, además de generar incertidumbre sobre la transparencia de los procedimientos realizados en las instalaciones señaladas.

Por su parte, los voceros de las familias han indicado que su exigencia no se limita únicamente a la disculpa, sino que proponen la creación de una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Salud del estado. El objetivo de esta propuesta es garantizar que se endurezcan los mecanismos de inspección para todos los establecimientos de servicios funerarios en la entidad, evitando que situaciones similares vuelvan a vulnerar la dignidad de los deudos.

Hasta el momento, la administración estatal ha mantenido el caso bajo el cauce de las investigaciones administrativas y judiciales en curso. La oficina de la gobernadora ha señalado anteriormente que cualquier pronunciamiento oficial se realizará conforme los procesos legales avancen y se determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la supervisión del lugar.

Los afectados reiteraron que mantendrán sus acciones de visibilización hasta obtener una respuesta que atienda su petición de dignificación y reparación del daño moral. Asimismo, han solicitado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos observe de cerca el cumplimiento de las recomendaciones que pudieran derivarse de esta crisis sanitaria y social en la frontera.