La SCJN establece el derecho a acompañamiento especializado para adultos mayores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las personas mayores tienen derecho a asistencia técnica y humana especializada durante procesos penales en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución fundamental este año, estableciendo nuevas directrices obligatorias para garantizar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores. El máximo tribunal determinó que este sector de la población tiene derecho a contar con acompañamiento especializado durante cualquier proceso penal, con el fin de asegurar que su participación sea plena y efectiva ante las autoridades judiciales. Esta medida busca eliminar las barreras de comunicación o comprensión que pudieran vulnerar el debido proceso.
El fallo de la SCJN subraya que la edad avanzada no debe ser un obstáculo para ejercer la defensa adecuada. Según la determinación, los órganos jurisdiccionales del país están obligados a proporcionar los ajustes razonables necesarios, los cuales incluyen la presencia de expertos en gerontología, intérpretes o facilitadores capacitados para atender las necesidades específicas de los adultos mayores. El objetivo principal es garantizar que las personas en esta etapa de la vida comprendan cabalmente sus derechos y las etapas del juicio en el que participan.
Esta normativa representa un avance significativo dentro del sistema penal acusatorio en México. La decisión parte del reconocimiento de que, debido a factores físicos o cognitivos asociados a la edad, los adultos mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad que requiere de una protección reforzada por parte del Estado. De esta forma, se busca evitar que cualquier limitación personal se traduzca en una indefensión jurídica ante el Ministerio Público o los jueces de control.
Finalmente, la resolución marca un precedente para que las instituciones del sistema judicial implementen protocolos de atención diferenciada a nivel nacional. La SCJN enfatiza que el acompañamiento no debe limitarse a la asesoría legal, sino abarcar un apoyo integral que considere el bienestar emocional y la capacidad de expresión del imputado o víctima. Con estas reglas, el Poder Judicial refuerza su compromiso con los derechos humanos y la inclusión de los grupos poblacionales que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una justicia equitativa.


