Sheinbaum: Estados Unidos no presentó evidencia adicional contra Rubén Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana durante su conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado evidencia adicional para sustentar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la mandataria, las autoridades estadounidenses sostienen que no están obligadas a presentar pruebas complementarias para dar curso a la solicitud formal de extradición recibida por las autoridades mexicanas.

La situación legal del mandatario estatal ha generado incertidumbre en la vida política del país tras confirmarse meses atrás que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta. Esta indagatoria deriva directamente de la petición de detención provisional con fines de extradición enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un proceso que continúa bajo análisis por parte de las instituciones de justicia nacionales.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la relación diplomática con la administración estadounidense se mantiene bajo los canales institucionales establecidos. Asimismo, aclaró que el gobierno de México sigue analizando el expediente enviado por Washington, reiterando que cualquier procedimiento de esta naturaleza debe apegarse estrictamente a los tratados internacionales y a la soberanía nacional, sin que ello implique una intromisión en los asuntos internos de las entidades federativas.

En meses recientes, la presión internacional sobre diversos actores políticos en Sinaloa ha crecido, lo que ha derivado en un escrutinio constante sobre la administración estatal y su relación con las agencias de seguridad extranjeras. La presidenta Sheinbaum enfatizó que su gestión no adelantará juicios y esperará a que sea la FGR la instancia que determine, con base en el debido proceso y la legislación vigente, la procedencia de los requerimientos presentados.

El caso sigue siendo un tema central en la agenda de seguridad nacional, mientras la opinión pública permanece atenta a las futuras resoluciones de las autoridades judiciales. Por el momento, el gobierno federal ha señalado que no existen nuevos elementos que modifiquen el estado actual de la investigación, manteniendo la postura de que el intercambio de información debe seguir los protocolos diplomáticos y judiciales ya definidos.