Sobrevivientes exigen reabrir investigación sobre el desplome en Álvaro Obregón 286
A nueve años del sismo de 2017, familiares de las víctimas del edificio colapsado en la colonia Roma solicitan formalmente a la fiscalía capitalina revisar las licencias de construcción y las responsabilidades legales pendientes.
A nueve años del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas del edificio colapsado en Álvaro Obregón 286, en la Ciudad de México, solicitó formalmente a las autoridades de justicia la reapertura de la investigación. El colectivo sostiene que existen inconsistencias sobre la legalidad de los permisos otorgados para la edificación de siete niveles en dicho inmueble, cuestionando si la estructura contaba con las licencias de construcción vigentes y los estándares de seguridad necesarios para la zona.
La representación legal de los afectados argumenta que la carpeta de investigación debe ser revisada nuevamente ante la sospecha de irregularidades administrativas cometidas por autoridades de la administración pública de aquel periodo. Según los demandantes, el objetivo es determinar si hubo omisiones por parte de los supervisores de obra y funcionarios responsables de verificar la integridad estructural del edificio antes de la tragedia que marcó a la colonia Roma.
Por su parte, la empresa inmobiliaria involucrada mantiene una postura de defensa legal, reiterando que la carpeta de investigación se encuentra cerrada y cuenta con resoluciones judiciales previas. La compañía asegura que cumplieron con la normativa vigente en el momento de la edificación y que las acusaciones actuales carecen de nuevas pruebas periciales que justifiquen una acción penal renovada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El caso de Álvaro Obregón 286 se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la reconstrucción urbana tras el sismo de septiembre. En los últimos meses, los familiares han insistido ante diversas instancias que el proceso judicial no ha garantizado la reparación integral del daño ni el esclarecimiento total de las responsabilidades civiles y penales, señalando que la falta de transparencia ha impedido cerrar un ciclo de duelo colectivo que persiste en la capital mexicana.
