Denuncian inacción ministerial ante violencia digital contra menor y su madre
Autoridades enfrentan críticas por la falta de aplicación de la Ley Olimpia en casos de acoso coordinado por redes sociales.
Una menor de edad y su madre fueron víctimas de una campaña de violencia digital orquestada por el padre de la niña, quien ha incitado a grupos de la llamada machósfera para acosar y difamar a ambas mediante redes sociales. El caso, que ha escalado en las últimas semanas, pone de manifiesto las deficiencias en la respuesta institucional ante delitos de naturaleza cibernética en México, donde la protección de las víctimas sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades de procuración de justicia.
Durante el proceso de denuncia, personal del Ministerio Público adscrito a la fiscalía local manifestó dificultades técnicas y jurídicas para integrar la carpeta de investigación bajo los criterios de la Ley Olimpia. Los funcionarios señalaron que, a pesar de existir un marco legal vigente, la falta de protocolos claros y capacitación especializada impide una actuación inmediata para frenar el hostigamiento digital y el intercambio de material sensible, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema.
La madre de la menor ha denunciado que el agresor utiliza diversos perfiles para coordinar ataques masivos y difundir información personal de ambas, lo que constituye una forma de violencia psicológica y mediática. Según especialistas en derechos humanos, la persistencia de este tipo de agresiones demuestra que las estrategias actuales de las fiscalías estatales son insuficientes para contener la violencia de género cuando esta se traslada al entorno digital.
El equipo legal de las afectadas ha solicitado que el caso sea atraído por instancias con mayor capacidad operativa para garantizar la seguridad física y digital de las víctimas. Asimismo, han hecho un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se fortalezcan las unidades de ciberdelincuencia, asegurando que el desconocimiento de las leyes no debe ser un pretexto para la impunidad en casos donde la integridad de menores está en riesgo.
